“Las reglas para la convivencia política deben ser fruto del consenso”.
José Woldenberg
Para cuando usted lea este artículo seguramente ya se habrá consumado el golpe. La mayoría oficialista habrá aprobado una iniciativa de reforma de leyes electorales secundarias que no solamente viola la Constitución, sino que volverá muy difícil para el Instituto Nacional Electoral cumplir sus funciones. Es una iniciativa producto de un berrinche que no traerá ningún beneficio al país.
Dice el presidente López Obrador que su plan B ahorrará dinero, mucho dinero, que al parecer es lo único que le preocupa. “En general -dijo el 7 de diciembre– se logró un ahorro de 3,500 millones de pesos. Con la reforma constitucional el ahorro hubiese llegado a los 15 mil millones”. No hay ningún sustento, sin embargo, para la afirmación: ni un estudio que señale el ahorro, si existe, ni alguno sobre el deterioro en las funciones del INE una vez que se despida a 84.6 por ciento de su personal profesional.
Ni el presidente López Obrador, ni Pablo Gómez, quien aparentemente redactó la iniciativa, o por lo menos una parte, se tomaron la molestia de consultar al personal del INE, que realmente ha organizado elecciones y conoce los problemas del proceso. Los ahorros que plantea AMLO pueden ser los mismos que hemos “logrado” al construir una refinería que se presupuestó en 8 mil millones de dólares, pero que costará de 18 mil a 20 mil millones, porque a la honesta secretaria de energía se le olvidó considerar instalaciones esenciales, o al que se “consiguió” al eliminar las compras consolidadas de medicamentos del IMSS, lo que ha resultado no sólo en pagos mayores sino en un desabastecimiento de 30 por ciento en el sector público.
Todos los consejeros del INE, incluidos los nombrados en el actual gobierno, con fuerte influencia de Morena y sus satélites, han firmado un documento que señala que “la reforma produciría un efecto regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral”. Esto lo dicen los expertos, quienes realmente han organizado elecciones, sin importar que los políticos, desde sus escritorios, nos receten un sistema sin probar que solo conviene a sus intereses personales o de partido.
No estoy de acuerdo con el lema de que “el INE no se toca”. Ningún sistema electoral puede tener vacas sagradas. Sufrimos las consecuencias de un régimen con reglamentación excesiva, que viola derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Muchas de las restricciones, curiosamente, fueron exigidas por el movimiento de López Obrador en la reforma de 2007 y fueron impulsadas por el entonces senador Pablo Gómez. El presidente, sin embargo, hoy las considera incómodas.
Una reforma electoral no debe hacerse en vísperas de una elección presidencial, y menos con el propósito de beneficiar al partido de gobierno. No debe realizarse para impedir la alternancia de partidos en el poder, que es la prueba de fuego de una democracia y que solo hemos tenido en México desde 1997. Tampoco debe ser impuesta por el gobierno sin escuchar a la oposición, como en Venezuela o Nicaragua. Las reglas electorales deben ser definidas en el consenso más amplio posible; de otra manera, las elecciones pierden legitimidad.
Ningún argumento es válido, sin embargo, para un presidente que no quiere escuchar. Al parecer lo único que le importa es vengar un agravio imaginario en las elecciones de 2006. O quizá busque simplemente regresar a los tiempos de la dictadura perfecta.
¿Feminista?
México seguirá promoviendo una “política exterior feminista”, dijo el canciller Marcelo Ebrard el 28 de abril de 2022: “Cualquier perspectiva de futuro. pasa necesariamente y en primer lugar por la igualdad de género”. Por eso, supongo, México se abstuvo ayer en el voto para excluir a Irán de la Comisión de la Condición de las Mujeres de la ONU.
www.sergiosarmiento.com; Sergio Sarmiento / PULSO
