Este lunes, según ha avisado, el habitante de Palacio anunciará un paquete de reformas. Otro. Esta semana, la Suprema Corte declaró inconstitucional una de las reformas que el mismo personaje propuso al inicio de la actual Legislatura, la referente al sistema eléctrico. Esta decisión debió tomarse hace dos años, pero el lacayo que entonces presidía la Corte manipuló la votación para que no se alcanzaran los ocho votos necesarios para la declaración de inconstitucionalidad. Él, junto con dos ministras, trabajan para el habitante de Palacio, y no para interpretar y defender la Constitución. Zaldívar no sólo prevaricó entonces. Hace unos meses renunció a su cargo para incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. La renuncia es también una violación a la ley, en tanto que no existía ninguna causa grave que la respaldara, a diferencia de lo ocurrido con el caso previo, la renuncia de Medina Mora, provocada por la persecución y extorsión originada en Palacio. El reemplazo de Zaldívar, como usted sabe, representó la primera ocasión en que el nombramiento no fue respaldado por el Senado. Fue una decisión unipersonal, que elevó al máximo tribunal del país a una persona totalmente incapacitada para el cargo. Pero está ahí para representar a López Obrador, como estaba Zaldívar, o como están las ministras Esquivel y Ortiz. Esos tres votos no tienen mayor impacto, pero si obtuviesen el cuarto, las cosas serían muy diferentes. La fecha para lograrlo es noviembre, cuando el ministro Aguilar termina su periodo en la Corte. Si se nombrase a una persona sin compromiso con la Constitución, sino con el poder, sería entonces posible aprobar en el Congreso leyes inconstitucionales, que no podrían ser declaradas tales en la Corte, al no contar con los ocho votos necesarios. En los hechos, la Constitución dejaría de tener vigencia general, y cada persona tendría que defender sus derechos individualmente, algo imposible en los hechos. Antes de eso, se espera que la Corte eche abajo todas las decisiones que tomó el Congreso en aquella noche trágica en que sesionaron a la intemperie, sin orden ni concierto. Es decir, todo lo que López Obrador impuso, a través de sus legisladores, desaparecerá en las próximas semanas, al tiempo que él lanza un nuevo conjunto de ocurrencias que tendrá el mismo final. La irresponsabilidad, frivolidad y falta de respeto a la ley de López Obrador no tienen límite, pero sus efectos sí lo tienen: la Corte. La importancia que tiene la Corte en este momento en que tenemos un desquiciado en la Presidencia y una mayoría de eunucos en el Congreso no puede menospreciarse. Y esa Corte existe gracias a la única reforma que Ernesto Zedillo pudo impulsar antes de que la crisis económica le quitara libertad de acción. La independencia y autonomía que hoy tiene la Suprema Corte se le deben a esa reforma y a ese presidente. Y gracias a ello, el desquiciado no ha podido destruir todo y erigirse en monarca, como quisiera. Sin embargo, otras instituciones se han doblegado, mientras la Corte no lo ha hecho. Eso es gracias a los ocho ministros que han puesto por delante su convicción y sus principios, y han sido capaces de enfrentarse a un energúmeno con poder. Merecen también un reconocimiento. Los derechos de los mexicanos están en riesgo, como lo está su vida, debido a un gobierno profundamente corrupto e incapaz. Ya no es posible ocultar el saqueo al erario y la complicidad con el crimen. Por ello, para salvar lo que queda, es necesario votar el 2 de junio y, antes de eso, demostrar públicamente nuestra defensa de la democracia y la libertad, este 18 de febrero, a las 10 a. m. México está en riesgo.
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