López Obrador ha iniciado la última batalla política de su sexenio y la de mayor riesgo para la democracia del país. La eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial es apenas el primer paso de una campaña para eliminarlo como contrapeso del gobierno federal y del movimiento político de la 4T.
También es una estrategia de campaña: personificar en los jueces y ministros de la Corte el rostro del villano: rico, privilegiado, con sombrero de copa, monóculo y puro en la mano. Esos villanos caricaturizados son asequibles para la gente y sirven para dar una bandera de lucha a Morena en 2024.
Cualquier intento de la Corte para defenderse será aprovechado para atacarla más. López Obrador dijo ayer que “el bloque conservador” planea un recurso de inconstitucionalidad que será resuelto por el Poder Judicial, lo cual rompería —dijo— el orden constitucional y la división de poderes. Señaló que la Corte se convertirá así en el “supremo poder conservador”, es decir, en el enemigo del pueblo.
Ante la avalancha destructiva, llama la atención la pasividad del Poder Judicial. Sus respuestas se han limitado a boletines de prensa y reflexiones tenues en redes sociales, sin asumir la gravedad del problema. Ayer la ministra presidenta fue más lejos y difundió un mensaje de ocho minutos sólido e integral, pero inentendible para el grueso de la población.
Mientras López Obrador exhibe sueldos de 700 mil pesos de los ministros, los boletines de la Corte dan detalles administrativos del uso de los fideicomisos. Mientras se les acusa de estar al servicio de delincuentes de cuello blanco, la presidenta de la Corte afirma que protegen la Constitución.
La Corte y los aliados que han salido en su defensa han sido incapaces de elaborar un relato entendible y emotivo de cómo los jueces y los ministros ayudan a la gente de carne y hueso. Sus términos técnicos, abstractos y legalistas han obstaculizado una comunicación efectiva para contrarrestar el denuesto presidencial.
La Corte requiere un relato y un vocero. Debió tenerlo desde el inicio de este gobierno: alguien capaz de articular de manera efectiva el mensaje y dar la versión de los jueces.
El ataque al Poder Judicial es de enorme riesgo por dos razones: porque lo someterán presupuestariamente —después del recorte de los fideicomisos vendrá otro a su presupuesto de 2024 y luego más ataques— y porque erradicar la presunta corrupción de la Corte será la bandera de 2024 para convencer a la gente de votar masivamente por Morena y alcanzar la mayoría calificada.
Si lo logran, López Obrador —con el apoyo de Claudia Sheinbaum— enviará el 1 de septiembre de 2024 su iniciativa de reforma constitucional para que los ministros sean elegidos por el pueblo. Después de desmantelar la Corte, lo harán con el INE, el Instituto de Transparencia y otros órganos autónomos.
Si carecen de los votos, la asfixia presupuestaria podrá romper, gota a gota, la independencia judicial, una suerte de rendición en cámara lenta. El nuevo gobierno podrá ofrecer abrir la llave presupuestaria a cambio de un nuevo arreglo.
Es claro que la elección más relevante de 2024 es la del Congreso de la Unión.
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