Por Javier Flores
Un intenso debate capturó la atención pública en los últimos días de 2022. La todavía ministra Yasmín Esquivel Mossa fue exhibida por copiar sustancialmente una tesis de licenciatura y hacerla pasar como propia, lo cual fue ratificado por la institución en la que realizó sus estudios profesionales. En consecuencia, no obtuvo, como era su propósito, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues la mayoría de los ministros del máximo tribunal eligió a la doctora Norma Lucía Piña para ocupar ese cargo. Con ello concluía apenas la primera etapa de un proceso conformado por elementos académicos y políticos. Si bien el tema es complejo e involucra a diversas instituciones y personas, me parece importante intentar una lectura de los hechos colocando en el centro a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Lo primero que hay que decir es que desde el inicio se ha querido aprovechar este suceso para dirigir nuevos ataques contra la UNAM. En algunos medios se ha hecho aparecer a una de las más importantes universidades de Iberoamérica como fuente de plagios. Los encabezados del diario El País, muy citado en los primeros días, dejaron una sensación agridulce pues —así sea de forma subliminal— transmitían la idea de una “… cadena de plagios en la UNAM” con lo que, al no precisar límites, crea una dimensión que abarca a todo el establecimiento educativo. Lo mismo ha podido observarse en las redes sociales, donde no ha faltado quien ponga en duda la legitimidad de los títulos que otorga; o también otros con un interés más acorde a la política oficial: que esta universidad está secuestrada por una élite leal al viejo régimen.
Dimensiones
La UNAM es una gran institución, no sólo por su bien ganado prestigio a nivel internacional, sino por sus dimensiones. Está integrada por aproximadamente 350 000 alumnos y 41 000 profesores. Los estudiantes realizan sus tesis de licenciatura en 40 escuelas y facultades y en cerca de 50 centros e institutos de investigación en ciencias y en humanidades (también en algunos Programas Universitarios y Direcciones Generales). El plagio puede ocurrir, sí, pero sugerir que se trata de algo generalizado en una institución de este tamaño es algo desproporcionado, pues los hechos involucran sólo a dos dependencias, e incluso dentro de ellas no cabe la generalización, pues en las Facultades de Derecho y de Estudios Profesionales Aragón (FES-Aragón), la mayoría de estudiantes y profesores trabajan en proyectos de tesis bajo los más altos principios éticos y no pueden ser manchados por un caso como el que involucra a la ministra Esquivel y a su asesora.
Luego que el investigador Guillermo Sheridan exhibiera el 21 de diciembre las similitudes entre la tesis defendida en 1987 por la ministra, con la del estudiante Édgar Ulises Báez Gutiérrez graduado un año antes, estalló una gran discusión, frente a la cual la UNAM anunció de inmediato su decisión de intervenir. Primero, la FES-Aragón señaló que realizaría un análisis pormenorizado “del contenido y las circunstancias del caso”. Luego, la UNAM informó el 23 de diciembre que la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales había realizado una comparación pormenorizada de las dos tesis encontrando: “… un alto nivel de coincidencias entre ambos textos”. El Comité de Integridad Académica y Científica de la FES-Aragón se encargaría de la investigación, y algo muy importante, lo haría: “… en estricto apego a los procedimientos y tiempos establecidos en la normatividad universitaria”. Desde el primer momento el Comité de la FES llamó a los involucrados a aportar información en torno al caso.
Es importante observar que la primera tesis se realizó en 1986 en la Facultad de Derecho y la de 1987 en la FES-Aragón. Aun cuando había dos dependencias involucradas, la administración central de la UNAM decidió que el caso se revisara en la segunda. Había razones para hacerlo así, pues la acusada de plagio había sido alumna en la FES y la asesora, aunque dirigió las dos tesis, es maestra de tiempo completo en Aragón y desde hace años había dejado de ser profesora activa en el plantel de Ciudad Universitaria.
Interviene el presidente
La ministra Esquivel estuvo de acuerdo con la revisión por parte de la UNAM y se dijo dispuesta a colaborar con las autoridades universitarias. Unos días antes de la elección en la Corte, en una carta fechada el 25 de diciembre, introdujo un elemento sorprendente —una especie de coartada— al afirmar que su tesis era un trabajo “original y auténtico” y que en realidad ella era la víctima del plagio. Anunció que presentaría una denuncia ante autoridades competentes. (1). Esta versión fue respaldada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo al día siguiente en su conferencia matutina que no había duda sobre las coincidencias entre las dos tesis pero “… lo que hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién”.
Revisé con cuidado lo dicho por el presidente ese día, pues se refirió con detalle a la ministra Esquivel y a su labor en la Suprema Corte en favor de las iniciativas de su gobierno. A ojos del presidente seguía siendo una candidata viable para presidir la SCJN, aunque sugirió que todo dependería del dictamen que surgiera de la UNAM. Desde el principio el presidente puso el balón en la cancha universitaria.
Con ello el primer mandatario estaba ejerciendo presión indebida sobre la universidad, pues además de su apología sobre la rectitud de la ministra Esquivel y el apoyo a su versión sobre que ella podría ser la plagiada, buscó alterar los tiempos establecidos por la UNAM. Dijo que el rector Graue bien podría convocar al Comité para contar con un dictamen antes de la fecha establecida para nombrar a quien ocuparía la presidencia en la Corte en sustitución del ministro Arturo Zaldivar, es decir, el 2 de enero de 2023 antes de las 12:00 hrs.
Después del respaldo presidencial, el 30 de diciembre la ministra hizo pública otra carta, en la que introdujo nuevos elementos en su defensa, entre los que destaca una declaración ante notario público de la persona que ella llama “el otro alumno”, con un par de frases fuera de contexto, en las que supuestamente Ulises Báez reconoce haber tomado partes y referencias del trabajo de Esquivel. Curiosamente esta “prueba” fue recabada, no por la ministra, sino por la directora de tesis de los dos alumnos, Martha Rodríguez Ortiz (2). Como sea, el mensaje de la ministra era también una forma de presionar al Comité de Integridad Académica de la FES.
El último día del año, la UNAM hizo públicas dos comunicaciones. La primera, una declaración del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES-Aragón en la que señalaba que en virtud de la presentación de nuevos datos (entre ellos obviamente los entregados por Yasmín Esquivel y su asesora), no contaba con elementos suficientes para establecer la responsabilidad de las partes involucradas, por lo que retomaría sus trabajos al concluir periodo vacacional.
Casi de inmediato, el rector de la UNAM, salió a complementar (o corregir) el comunicado de la FES.
Primer mensaje del rector
En su comunicado, Enrique Graue Wiechers precisó que hubo un plagio (coincidencias mayores a 90 % en los dos textos). Dijo además que la tesis original fue aquella sustentada en 1986. Dicho en otras palabras, con la información disponible en la UNAM en ese momento, la alumna Yasmín Esquivel habría plagiado la tesis del entonces alumno de la Facultad de Derecho Édgar Ulises Báez Rodríguez. Y así es como llegó la ministra Esquivel a la sesión en la que los ministros de la SCJN elegirían a su presidente(a).
Si aceptamos la opinión generalizada de que Esquivel era la candidata del presidente López Obrador para sustituir a Arturo Zaldívar, el pronunciamiento de Graue resultaba totalmente contrario a ese deseo, y fue una reafirmación contundente frente al Ejecutivo de la autonomía de la UNAM.
Graue añade un elemento importante, pues la investigación no podría considerarse concluida porque se enfrentaban hechos contradictorios. La carta supuestamente elaborada por Ulises Báez en la que dice haber tomado algunos datos de la tesis de Esquivel se presentó de último momento; para la UNAM no había certeza sobre la magnitud de la utilización de esos datos, razón por la cual se tendría que continuar el análisis al reiniciarse las actividades académico-administrativas con el fin de recabar mayor información.
En efecto, en una historia que raya en lo inverosímil la ministra presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México y el Comité de la FES-Aragón la famosa carta que Ulises Báez habría depositado en el buzón de su asesora Martha Rodríguez, en la que reconoce haber tomado partes de la tesis de Esquivel. La tutora, en compañía del notario público Amando Mastachi Aguario, se habrían reunido con Báez quien, de acuerdo con el testimonio de la directora de tesis, reconoció que él había escrito dicha carta. Lo anterior fue negado al menos en dos ocasiones por el egresado de la Facultad de Derecho en entrevistas publicadas en Eje Central. Por su parte el titular de la notaría 121 se deslindó del asunto, al declarar sobre una carta de Báez: “… yo como notario no avalo el contenido de dicho documento”. Obviamente alguien estaba mintiendo.
Una investigación académica seria sobre un tema como el plagio no podía realizarse al vapor pero, además, esta decisión tiene otro significado, pues como lo señaló la UNAM desde el principio, la institución actuaría conforme a sus propios tiempos y no en los que exigía el presidente.
Un aspecto muy importante fue que Graue afirmó en su comunicado que todo este proceso se derivaba de disputas ajenas a la universidad. ¿Cuáles son esas reyertas foráneas a las que se refería el rector? Aquí sólo queda espacio para la especulación, pero es obvio que se expresó una confrontación entre dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial. El primero tratando de imponer a una ministra afín como presidenta y el segundo buscando preservar su independencia. Así, la UNAM quedaría atrapada en esa confrontación.
Ajustes internos
La UNAM decidió inicialmente que la investigación la realizaría el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES-Aragón. No obstante, la Facultad de Derecho reclamó su derecho a participar, algo que de algún modo estaba justificado pues, por un lado, la primera tesis publicada fue la de un alumno de esa Facultad y, por otra parte, la asesora era en ese entonces parte de su personal académico. Por ello el 5 de enero de 2023 se convocó al Consejo Técnico de dicha dependencia universitaria para analizar la situación académica de la tutora Martha Rodríguez Ortiz, pero, además: “… los probables conflictos legales ventilados en los medios de comunicación y en distintas instancias universitarias”; es decir, todo el proceso. El director de esta Facultad, Raúl Contreras Bustamante, estuvo en esos días muy activo ofreciendo entrevistas en diversos medios de comunicación, lo que permitía suponer que buscaría que las conclusiones de sus trabajos tuvieran la mayor difusión posible.
Esto creó un ambiente confuso, pues los medios de comunicación difundían información proveniente de la Facultad de Derecho como si se tratara de la postura oficial de toda la UNAM. Pero además, con la participación de esta Facultad, las presiones externas tendrían no solamente uno sino dos blancos. Por ejemplo, considerando un escenario hipotético, si por alguna razón la Facultad de Derecho dictaminara que la tesis de Ulises Báez es correcta, automáticamente la otra tesis será resultado de un plagio; pero si no es así, la Facultad de Derecho estaría exonerando de algún modo a la ministra Esquivel.
Se hacía necesario que la administración central y las dos dependencias universitarias actuaran de manera coordinada, compartiendo información para evitar entrar en contradicciones, o peor aún, en confrontaciones. No hay que olvidar que 2023 es un año complicado para la UNAM, pues se elegirá un nuevo rector. Afortunadamente esta nube se disipó con la aclaración pública de Raúl Contreras en el programa del periodista Ciro Gómez Leyva en la que precisó que la intervención de su dependencia se centraría exclusivamente en la participación de la asesora Martha Rodríguez y el caso de la ministra Yasmín Esquivel se resolvería en la FES-Aragón.
También, en una noticia que pasó prácticamente desapercibida, el 11 de enero se produjo un cambio en la presidencia del Tribunal Universitario con el nombramiento del decano de la Facultad de Derecho, Máximo Carvajal Contreras, en sustitución de Everardo Moreno Cruz, lo que puede interpretarse como una medida para blindar a ese importante órgano universitario de las presiones externas.
El dictamen final de la UNAM
Al reanudarse las actividades académico-administrativas, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES-Aragón dio a conocer su dictamen. En su comunicado fechado el 11 de enero, informa que realizó una comparación de “los elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información” entre los dos textos, encontrando que la tesis de Ulises Báez Gutiérrez es la original, mientras que la de Yasmín Esquivel Mossa es una copia sustancial de la elaborada en 1986 por el estudiante de la Facultad de Derecho.
Ese mismo día, el rector Enrique Graue Wiechers envió un mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana en el que con claridad confirma que Yasmín Esquivel copió la tesis de Báez Gutiérrez, lo que viniendo de la máxima autoridad universitaria resultaba en sí mismo algo tremendo, pues significa que a través de un procedimiento académico la UNAM llegó a la conclusión de que una ministra de la SCJN en funciones había plagiado su tesis de licenciatura.
Las presiones sobre la UNAM no habían cesado y se le exigía en los medios de comunicación y en las redes sociales que, además de acreditar el plagio, se retirara el título a la ministra. La razón era evidente, pues si bien los interesados no consiguieron colocar a la ministra Esquivel como presidenta, ella sigue formando parte activa de la Suprema Corte y su voto es importante para respaldar, como lo ha venido haciendo, las iniciativas del presidente López Obrador. Para formar parte del máximo tribunal se requiere contar con el título de abogada. Dictaminar que efectivamente ella es autora del plagio le resta toda autoridad moral, pero no es su fin como ministra de la Corte.
El rector decidió examinar este tema. En el mensaje citado, Graue señala que, después de una consulta con el Abogado General de la institución, se concluye que, aun cuando el plagio de una tesis esté documentado, la normatividad de la UNAM no cuenta con los mecanismos para invalidar el título.
El abogado general
En efecto, el rector Graue, solicitó la opinión del abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, para examinar la posibilidad de retirar el título de la ministra Esquivel. El jurista respondió que esto no era posible, en virtud de que la UNAM puede hacer solamente lo que tiene expresamente facultado en su normatividad y actualmente: “… carece de una norma jurídica que le permita expresamente retirar, cancelar o revocar los títulos académicos que otorga”. Sánchez Castañeda argumentó además que la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tenía entre sus facultades cancelar el registro de los títulos de los profesionistas en algunos casos. Finalmente la documentación se envió a la SEP.
En los medios académicos el plagio es uno de los actos más abominables, y es preciso reconocer que ahora existe un vacío legal en la máxima casa de estudios para sancionarlo, lo cual sólo deja por ahora la vía de la prevención, sobre lo que ya se anunciaron diversas medidas, pero desafortunadamente no hay consecuencias para el infractor. Quedaba clara a partir de este caso la necesidad de realizar las reformas a la normatividad universitaria para impedir la impunidad.
Nuevamente el presidente
En su conferencia del 12 de enero el presidente se refirió a la decisión de la UNAM y dio algunas pistas sobre lo que vendría. Reiteró que se trataba de un asunto político (o de politiquería) promovido por sus adversarios: “¿De cuándo acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar?”, preguntó.
Aunque López Obrador ya había caracterizado previamente al plagio como corrupción, introdujo ahora una sutil distinción: corrupción o deshonestidad. El combate a la corrupción es una de las principales banderas de su gobierno por lo que colocar el acto de la ministra en esta categoría no dejaría otro camino más que el de una sanción severa, lo que difícilmente sucederá. Ya lo había dicho el 3 de enero: “Ojalá y los problemas de México fuesen por plagio; los problemas de México son por robo”. Contrario a toda lógica, a sus ojos no es lo mismo plagiar que robar.
En varias sesiones de sus conferencias matutinas, el titular del Ejecutivo pidió que la UNAM resolviera sobre el plagio, no sobre quitar el título de Esquivel Mossa, pero ahora le adjudica esta omisión: “Pues yo lo planteé aquí, de que ellos debían resolver, pero en definitiva, su tribunal tenía que hacer una recomendación si es válido o no el título”.
Agresiones a la UNAM
Lo anterior ha sido aprovechado ampliamente por los seguidores del presidente e incluso por personas que esperaban que la máxima casa de estudios colocara la cabeza de la ministra en una picota, algo para lo que carece de facultades legales. Finalmente el presidente anunció que su gobierno se haría cargo de la decisión sobre el título de la ministra y enfocó sus ataques contra la UNAM, los cuales arreciaron en la conferencia matutina del 16 de enero.
Correspondió ese día al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fijar la postura oficial. Señaló que la Dirección General de Profesiones de la SEP no está facultada para cancelar ningún título; lo que puede hacer es “cancelar el registro de un título”, para lo cual debe haber antes una resolución judicial o una inhabilitación, algo que —dijo— no ha hecho la UNAM. Se aventuró a dar instrucciones a una institución autónoma, indicando que quienes tienen que resolver son el Consejo y el Tribunal Universitarios, con la intención, a mi juicio, de incrementar las áreas para ejercer presión y poner en duda e intentar revertir las decisiones ya tomadas por el Comité de Integridad Académica respaldadas por el rector.
No se debe pasar por alto que ese día se produjo un cambio, pues el gobierno dejó muy claro que no acepta que la ministra haya incurrido en plagio, por eso el secretario se refirió a este caso como de un “presunto plagio”, lo que luego fue reiterado por el presidente López Obrador. Finalmente, López Hernández, uno de los aspirantes a competir por la presidencia en 2024 por el partido oficial, exigió de forma grosera a la UNAM y al rector que asumieran su responsabilidad.
Por su parte, el presidente lamentó la actitud de la UNAM a la que se refirió como su alma máter, reiteró que este caso es parte de una campaña orquestada por el que denomina “bloque conservador y corrupto” en contra de la ministra Esquivel y de su gobierno. En un intento de dividir a la comunidad universitaria dijo que en esa institución se han enquistado grupos que defienden intereses económicos y políticos en los que “están metidos los directivos”. Hizo una diferenciación entre las autoridades y algunos profesores (por definición integrantes del grupo conservador), y quienes supone apoyarían a su gobierno, entre los que se encuentran algunos maestros y los jóvenes, que “son el fermento de la transformación”. Lo anterior me parece una apreciación muy optimista, pues los estudiantes miran hacia el futuro, como ejemplo, el feminismo, la preocupación por el medio ambiente, o el cuidado de todas las especies (lo que considera el primer mandatario modas neoliberales), y no hacia el pasado al que se ha dirigido su gobierno. Como sea, se trata nuevamente de una “declaración de guerra” contra la Universidad Nacional.
No conforme con lo anterior, López Obrador dio instrucciones a la UNAM: primero, esta institución tendría que agotar las instancias internas para determinar si hubo plagio y luego presentar una denuncia ante el ministerio público para que entonces la SEP pudiera cancelar el registro del título. Con ello, el presidente no pierde la esperanza de que alguna instancia universitaria susceptible a la presión ponga en duda el dictamen del Comité de Integridad Académica y del rector. Pero si esto falla, judicializar el caso y sacarlo del ámbito académico donde podrían manejar los tiempos, anular el impacto y la noción de plagio e impedir la cancelación del título de la ministra. Sólo hay un pequeño problema: la UNAM es una institución autónoma cuya misión es la investigación, la docencia y la difusión de la ciencia y la cultura… Lo anterior no incluye obedecer al poder político.
La universidad no cayó en la trampa. Al día siguiente la UNAM fijó su postura. En entrevista con el periódico La Jornada, el abogado general de la máxima casa de estudios, Alfredo Sánchez Castañeda, señaló que la universidad no se puede manejar por presiones y afirmó que la institución “ya no tiene ninguna acción pendiente que realizar”, puesto que ya comprobó el plagio y remitió un oficio a la SEP. Agregó que él no puede decirle a la Secretaría de Educación qué hacer, sólo decirle “detecté esto y lo hago de tu conocimiento”. Descartó además la competencia del Tribunal Universitario en casos de exalumnos. Reiteró que actualmente no se cuenta con la normatividad que permita retirar un título, pero adelantó que en breve el Consejo Universitario examinará posibles reformas a la legislación universitaria sobre este tema. Es significativo que esta declaración la hiciera a ese diario pues con ello el mensaje se entregó directamente a la 4T.
La asesora de tesis
En el caso de la asesora de las tesis, Martha Rodríguez Ortiz, ocurrió lo que se esperaba; la UNAM dio a conocer el resultado del análisis sobre su participación en el caso y determinó rescindir su contrato por “… faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales”, además de que confesó haber proporcionado los contenidos de una tesis de un alumno a otro. No se trata como se ha dicho en algunos medios, con mala intención, de fabricar un chivo expiatorio, pues son dos casos que se mueven por carriles diferentes y el de la asesora de la ministra y de Báez Gutiérrez contó, como hemos visto, con la participación no sólo del Comité de Integridad Académica de la FES sino además con la opinión de la Facultad de Derecho.
A todo lo anterior han seguido —y seguirán— diversos acontecimientos, como el rechazo del dictamen de la UNAM por parte de Esquivel Mossa y su declaración sobre que no tiene nada de qué avergonzarse y continuará en la Corte a pesar de todo. También la asesora Rodríguez ha manifestado que “peleará” en instancias legales contra su expulsión. Lo anterior permite prever que continuarán sus alegatos pero por ahora en instancias ajenas a la universidad.
El mensaje del rector
Casi al terminar de escribir este artículo, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dirigió un mensaje cuyo propósito, según dijo, era aclarar ante los presentes (integrantes del cuerpo directivo de la universidad) y la sociedad, inquietudes, dudas y algunas medidas que se tomarán próximamente.
Lo primero que hay que destacar es que el rector de la UNAM rechazó tajantemente las críticas que se han hecho tanto a él como a la institución que encabeza: “La rectoría depositada en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria” En otra parte de su mensaje afirmó: “Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho; pero no por eso actuaremos en forma apresurada e irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios”.
También habló de la posibilidad de anular o retirar un título, refiriendo las consultas realizadas al abogado general, a distintas autoridades y expertos; declaró que no puede ni debe ir más allá de lo que establece la normatividad. Aunque aclaró que atenderá las voces que se manifiestan al interior de la universidad exigiendo se retire el título a la ministra, en este sentido señaló: “… estamos estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales”, con lo anterior dejó abierta la puerta para retirar el título, pero sólo en caso de encontrar los caminos legales pero “…respetando siempre las normas que nos rigen” .
Si bien al inicio de su intervención Graue reiteró y respaldó las conclusiones a las que se llegó en la Facultad de Estudios Superiores-Aragón, a mi juicio, el anuncio más importante fue que convocaría al Comité Universitario de Ética para que revise la documentación y los dictámenes en poder del Comité de Integridad Académica de la FES, así como “… las evidencias que continúan surgiendo para su análisis, y así dar cabida al debido proceso”. Al aceptar que hay nuevas evidencias en este caso, muy probablemente el rector se refería a los videos y otros documentos que se han hecho públicos que se encuentran también en el expediente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los cuales sugieren que Édgar Ulises Báez Gutiérrez pudo haber mentido.
En este sentido, Raymundo Riva Palacio, director general del periódico Eje Central hace una rectificación importante. El medio que dirige difundió en varias ocasiones la versión de Báez Gutiérrez, lo que sirvió para fortalecer la idea de que la responsable del plagio había sido la actual ministra Esquivel. Sin embargo, el 20 de enero el periodista escribió en su columna del diario El Financiero: “Es claro que Báez Gutiérrez mintió en sus declaraciones de manera reiterada. La segunda gran mentira es que no había hablado con ningún notario. El expediente de la FES Aragón contiene varias fotografías donde está junto al notario leyendo la transcripción de la carta que escribió a mano”. Quien había sido uno de los principales críticos de la conducta de la ministra concluye diciendo que aclarar todo lo anterior: “Es importante para la salud pública del país, tan maltrecha en los últimos tiempos, y para la UNAM, para Esquivel y para el propio Báez Gutiérrez, para que no haya duda sobre las responsabilidades de cada uno. Mientras tanto, cancelarle el título debe ponerse en espera”.
Comentario final
El papel desempeñado por la UNAM en todo este proceso ha sido, a mi juicio, el correcto. Lo principal fue mostrar con los datos disponibles hasta ese momento, que la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel Mossa fue el resultado de un plagio. Se trata de un acto de deshonestidad intelectual que es inadmisible en cualquier institución, más grave todavía cuando se trata de una institución académica. Por ello, se trata de una resolución de una importancia mayúscula. La resolución de la UNAM no puede minimizarse porque es una expresión clara de la autonomía académica de una institución, que además resulta contraria a los deseos y las exigencias del poder político.
Se ha criticado en diferentes medios y con diferentes grados de severidad que, una vez determinado que la ministra incurrió en un plagio, la UNAM no le retirara el título de abogada. Lo anterior me parece desproporcionado, pues al no contar esta institución con la normatividad precisa para retirar el grado, quedaría abierta la puerta para interminables impugnaciones, algo que no puede ocurrir con una determinación sobre el plagio que se da en el terreno académico y no en el jurídico o político.
Los múltiples reclamos a la UNAM para que retire el título a la ministra Esquivel no sólo tienen una motivación académica, traducen también el interés de algunos sectores por minar la fuerza del presidente de la República reduciendo su influencia en la SCJN. Esa es claramente la motivación. Existe efectivamente una intervención indebida del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Pero liberar a la Corte, aunque es un propósito noble, no es tarea de la Universidad. Por ello resulta inapropiada la exigencia de que esta institución se coloque en este momento en el centro de una lucha para garantizar la división de poderes. Esa no es su función ni su responsabilidad.
Uno de los temas más preocupantes es la “declaración de guerra” del presidente contra la UNAM, que constituye un estímulo para sus seguidores dentro y fuera de la institución académica, que puede traducirse en la generación de conflictos azuzados desde el poder político con el fin, no solamente de intervenir en la elección de un nuevo rector, sino además avanzar en su principal objetivo: acabar con la autonomía universitaria.
Finalmente, el último mensaje del rector deja abierta la posibilidad de que, al ponerse toda la información y nuevas evidencias en manos del Comité de Ética de la UNAM —que es parte del Consejo Universitario—, el caso de la ministra Esquivel tome un rumbo que puede sorprendernos. Pero esto no puede eludirse, pues es necesario examinar todos los datos con objetividad y transparencia para llegar hasta las últimas consecuencias. Pues, como lo expresó Graue, hay un compromiso con la verdad.
Como puede verse, esta historia dista mucho de haber concluido.
Finalmente debo decir que en mi opinión el rector de la UNAM ha actuado a lo largo de todo este proceso con seriedad y prudencia, lejos de las estridencias, siempre en defensa de la institución que representa y de su autonomía.
Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico
Publicación Nexos
1 Esquivel Mossa sostiene que ella fue la plagiada, por ello presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una denuncia. Obtuvo respuesta a su demanda en tiempo récord lo que le permitió contar, justo antes que la SCJN votara sobre quién ocuparía la presidencia, con un dictamen favorable en el que se señala que ella “… no copió, ni en partes ni en su totalidad, la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez” algo que luego fue parcialmente corregido por la propia Fiscalía, al señalar que en realidad no llegó a ninguna conclusión sobre si la denunciante fuera víctima de plagio.
2 La directora de tesis de los dos alumnos, Martha Rodríguez Ortiz, abierta simpatizante de Esquivel desde el inicio de este caso, no es un respaldo al que alguien en su sano juicio se acogería, al ser ella misma personaje central y corresponsable en las irregularidades en ésta y quizás en algunas otras de sus 500 tesis dirigidas.
