En la lucha que literalmente sostienen “de Poder a Poder” el ejecutivo y el judicial, es el primero el que en apariencia tiene la sartén por el mango, pero no le será nada fácil lograr apropiarse de los fideicomisospor más de 15 mil millones de pesos que pretende agandallar a su contraparte, siendo que empleados sindicalizados ya se han levantado en armas y han comenzado este lunes con un paro de labores para evitar se lleven a cabo los recortes que les pegarían directamente en sus bolsillos y en su economía familiar.
Hasta este momento, se anticipa será inminente la aprobación -tanto en el pleno de la Cámara de Diputados como en el Senado de la República-, del dictamen que establece la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que ostenta el poder judicial. Se necesita mayoría absoluta y la tienen y sus aliados, quienes como ha sido desde el principio, atienden a pie juntillas las instrucciones surgidas desde Palacio Nacional, y si nada extraño sucede, la iniciativa del presidente de la República será aprobada en próximos días.
Es de todos conocido que Andrés Manuel mantiene varias revanchas pendientes con el poder judicial, ya que reformas fundamentales para su gobierno y para la Cuarta Transformación que han sido aprobadas en las cámaras se las ha echado abajo, pero más aún, busca la debilitación de este poder para terminar de catapultarse como un mandatario todopoderoso al ostentar la justicia en sus manos.
Y en ese sentido, ya la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados le abrió la puerta a su macabro plan que busca “tumbar dos pájaros de un tiro”; me explicó: agandallarles el dinero y maniatar y encallar su margen de acción.
Ahora bien, hay que decir que a lo largo del sexenio, Andrés Manuel López Obrador ha dado cátedra de cómo hacer que se esfumen miles de millones de pesos, una gran cantidad de ellos con base en la aniquilación de fideicomisos, dejando en el desamparo a amplios sectores de la población entre ellos; estudiantes, maestros, académicos, deportistas, artistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, víctimas, y afectados por desastres naturales, poniendo de manifiesto que no hay dinero que le alcance para seguir financiando las obras faraónicas de su administración, que básicamente se han convertido en barriles sin fondo.
El argumento anticorrupción, que en forma sistemática ha manejado el presidente López Obrador para muchas de sus decisiones, varias de ellas polémicas y sobre todo riesgosas para la vida socioeconómica y política nacional, es un alegato ya débilmente sostenible dado que si bien en lo general puede ser adoptable porque la mayoría de la población obviamente está de acuerdo en que debe atacarse a fondo la corrupcióny la impunidad, su retórica ha quedado sin efecto desde el momento que no justifica con hechos y priva la opacidad en el destino de dichos recursos que presuntamente se quedan en las arcas públicas.
Este es el caso en la decisión que lo llevó a desaparecer de un plumazo 109 fideicomisos públicos en 2020 con la aprobación de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, aprovechando su mayoría para imponerse sin respetar, sin escuchar, sin comprobar y sin mediar alguna posibilidad de que mantuviesen su vigencia, porque la instrucción de Palacio Nacional a los legisladores de Morena y sus aliados fue contundente, eliminarlos a toda costa.
El presidente siempre ha sostenido, existe certeza de que estos instrumentos jurídicos han sido motivo de corrupción, de jugosos negocios y han permitido jinetear y desviar recursos, pero entonces bastaría con que se presentasen las denuncias correspondientes para que se procediera conforme a la ley y se castigara a quienes se han beneficiado ilícitamente de ellos.
Lo adecuado habría sido buscar limpiar los fideicomisos, separar a la gente que ha abusado de ellos, transparentar su quehacer, valorar su razón de existir en relación con el beneficio que brindan a la sociedad, y entonces sí, proceder a palomear los que está justificado que desaparezcan; aquellos que han resultado ineficaces, inútiles, improductivos o bañados simplemente en corrupción.
No es lo mismo revisar y acabar con algunos que no tienen razón de ser como sucede en muchos estados de la República o municipios en donde se crean fideicomisos para todo y a veces son para encubrir acciones ilícitas del manejo financiero a un corte parejo que resulta absurdo e irracional, a acabar con instancias como se hizo con el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; el Fondo de Nacional Financiera; el Fondo para Deportistas de Alto Rendimiento; el Fondo del Cine; el Fondo de Cambio Climático; el Fondo de Víctimas, y el Fondo Metropolitano, entre algunos otros que en su momento funcionaron y son muy necesarios.
Cabe mencionar que tan solo de dos fondos se transfirieron más de 26 mil 519 millones de pesos a la Tesorería de la Federación como parte de su extinción.
La SHCP recibió más de 25 mil 181 millones de pesos del Fonden, que era administrado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB). En total fueron 68 mil millones de pesos los que se “guardó” el gobierno federal.
En aquel contexto, AMLO dijo que en 10 días presentaría las pruebas de la corrupción que motivó su decisión de extinguir los fideicomisos, pero han transcurrido 3 años sin que muestre una sola evidencia y tampoco hay una sola persona en la cárcel por supuestamente haberse beneficiado de ellos de forma ilegal.
De entonces a la fecha, esta administración, es decir, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena en el Congreso de la Unión han desaparecido 300 fideicomisos en distintos rubros sin que exista información sobre el destino de esos millonarios recursos que se apropió el ejecutivo.
Así lo denunció la dirigencia nacional del PAN luego de que los diputados de Morena aprobaron en días pasados la extinción de 13 fideicomisos que podrían representar un boquete de más de 15,000 millones de pesos para 2024 en el poder judicial. “El gobierno de la 4T transita en la opacidad de manera recurrente”, acusó el blanquiazul.
La virtual candidata presidencial del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez acusó que la extinción de fideicomisos del poder judicial por parte de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la función de “engordar el cochinito” rumbo al 2024 paraClaudia Sheinbaum.
Otra que opinó al respecto fue la diputada Margarita Zavala, quien afirmó: “Con la novedad de que al gobierno de Morena ya se le acabó el dinero y le urge conseguir más. A nadie sorprende que a un gobierno que no hizo más que invertir en maquinarias electorales se le acaben los recursos. Entonces, no se le ha ocurrido otra cosa mejor que aumentar la deuda pública, aumentar los impuestos a los ahorros de los mexicanos y quedarse con el patrimonio de los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación”.
A ninguna de las dos funcionarias les falta razón en sus respectivas apreciaciones, ahora queda ver si el poder judicial permitirá ser pisoteado y despojado.
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